La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha cumplido hoy, 10 de junio de 2025, con el último eslabón de una cadena que, para amplios sectores de la política y la sociedad, ya estaba diseñada: confirmó la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad. Este fallo, que muchos anticipaban no por su solidez jurídica sino por su conveniencia política, ratifica la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

La resolución del máximo tribunal, que se dio a conocer tras la reunión de los jueces que comenzó esta tarde, significa que la condena, impuesta originalmente por el Tribunal Oral Federal 2 y luego confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal, adquiere ahora carácter de firmeza. Esto implica que se han agotado todas las instancias de apelación en el ámbito judicial argentino, sellando el destino legal de la exmandataria en esta causa. La rapidez y contundencia con la que los reportes de medios afines al statu quo como Clarín y La Nación reflejaron la noticia, solo subraya la coordinación de este mensaje al poder.

La confirmación de la condena tiene consecuencias directas e inmediatas. La inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos se hace efectiva, lo que significa que Cristina Fernández de Kirchner no podrá presentarse a ninguna elección futura ni ocupar cargos estatales. En cuanto a la pena de seis años de prisión, si bien por su edad (71 años) la expresidenta podría acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, la sentencia firme implica el inicio de la ejecución de la pena. Es el brazo judicial de los poderosos imponiendo su agenda.

Este fallo se produce en un contexto de alta expectativa política, donde el lawfare ha sido una herramienta central para disciplinar a la disidencia. Desde hace meses, el resultado de la Causa Vialidad en la Corte era uno de los temas centrales del debate público, y la propia expresidenta había abordado su situación judicial en su discurso de hoy en la sede del Partido Justicialista. En esa ocasión, advirtió sobre las consecuencias de una posible condena y reiteró sus denuncias de “lawfare” o persecución judicial, una lectura que, a la luz de este fallo, se ve trágicamente validada por los hechos.

La ratificación de esta condena marca un antes y un después en la historia judicial y política de Argentina, no solo como un precedente legal, sino como una clara señal de proscripción para una de las figuras más influyentes de las últimas décadas. Cristina Fernández de Kirchner se convierte así en el blanco de una condena firme por corrupción en el ejercicio de sus funciones, una sentencia que sus seguidores interpretan como el clímax de una operación política-judicial. La noticia, que ya está generando un tsunami de indignación y debate a nivel nacional, reconfigurará el panorama político del peronismo y el rol de los “poderes fácticos” que, para muchos, dictan el rumbo del país.