El sistema de atención a la discapacidad en Argentina se encuentra al borde del “colapso”, según alertan de forma unánime organizaciones y prestadores de servicios. La crisis, de alcance nacional, se profundiza por una combinación de factores económicos que impactan directamente en la calidad y continuidad de las prestaciones esenciales para miles de personas con discapacidad en todo el país. El epicentro de la problemática radica en un desfinanciamiento que se traduce en recortes reales y salarios que no alcanzan para sostener la actividad de los profesionales.
Las cifras presentadas por el sector son contundentes: se denuncia un recorte presupuestario o una desactualización de los aranceles de aproximadamente el 17% en las prestaciones. Este porcentaje, ya significativo por sí solo, se ve dramáticamente exacerbado por el contexto de alta inflación que vive Argentina, lo que pulveriza el poder adquisitivo de los fondos asignados. A esta erosión se suman las demoras crónicas en los pagos, que en muchos casos se extienden por meses, asfixiando financieramente a las instituciones y a los profesionales que brindan servicios.
La situación salarial de los trabajadores del área es, según las denuncias, crítica. En el caso de los acompañantes terapéuticos (AT), una de las figuras esenciales para la autonomía y el bienestar de las personas con discapacidad, se reporta que sus honorarios se ubican en torno a los $3.000 por hora. Este monto es considerado totalmente insuficiente por el sector, que lo califica de “miserable” y “desactualizado”, y se vuelve inviable para cubrir los costos operativos y de vida de estos profesionales, quienes además enfrentan la angustia de los prolongados retrasos en el cobro de sus servicios.
La combinación de estos factores —retrasos sistemáticos en los pagos, aranceles desactualizados con una pérdida real del poder adquisitivo, e ingresos horarios precarios para figuras clave como los acompañantes terapéuticos— ha llevado al sistema a una situación de “crisis terminal”. Las consecuencias son directas y gravísimas: la continuidad de tratamientos y prestaciones vitales para miles de personas con discapacidad en todo el país se encuentra en riesgo inminente. El sector exige una urgente intervención de las autoridades para garantizar el derecho a la salud y la inclusión de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad.
Esta nota fue elaborada a partir de fuentes verificadas y públicaiones de caracter público. AiresNuevosNQN se ampara en la Constitución Nacional, la Ley 26.032 y tratados internacionales que garantizan la libertad de prensa y el derecho a informar sobre asuntos de interés público.
