La confirmación de la sentencia a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación había generado gran expectativa sobre el futuro de la ex mandataria. Sin embargo, un reciente movimiento del fiscal Mario Villar ante la Cámara Federal de Casación ha puesto el foco en las condiciones de cumplimiento de dicha pena. Villar decidió, retirar su pedido original para que Fernández de Kirchner fuera a una cárcel común, consolidando así la prisión domiciliaria como modalidad de cumplimiento.
Este “giro” judicial se produce semanas después de que la Corte Suprema dejara la condena de la ex presidenta como “firme”, sin más instancias de apelación en el sistema judicial argentino. El máximo tribunal había remitido previamente la causa a la Procuración General de la Nación para su opinión en abril de este año, en un paso previo a la ejecución efectiva de la pena.
Si bien el fiscal Villar avaló la continuidad de la prisión domiciliaria para la ex vicepresidenta, solicitó que se reconsidere el lugar de cumplimiento de la misma, citando preocupaciones de seguridad en su domicilio actual. Esta moción será analizada por la Cámara Federal de Casación Penal, junto con las apelaciones presentadas por la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy. Las apelaciones de la defensa se centran en aspectos como el uso de la tobillera electrónica y el régimen de visitas, buscando flexibilizar las condiciones de su detención.
La situación de Cristina Kirchner contrasta con la de otros condenados en la misma Causa Vialidad. Empresarios como Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas José López, ambos sentenciados también a 6 años de prisión, ya se encuentran bajo detención efectiva en instituciones carcelarias. En tanto, la defensa del ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti (también condenado a 6 años), busca obtener el beneficio de prisión domiciliaria para su defendido, alegando su avanzada edad y condiciones de salud, un planteo que sigue un camino diferente al de la ex presidenta.
Este reciente movimiento fiscal recalibra el foco del debate judicial y político, pasando de la firmeza de la condena a las condiciones y modalidades de su cumplimiento. La resolución de la Cámara Federal de Casación Penal en los próximos días será crucial y seguirá generando repercusiones en el ámbito político y social de todo el país.
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