Buenos Aires es el escenario de una de las transformaciones más ambiciosas impulsadas por la actual administración. El Gobierno Nacional ha formalizado la disolución de un significativo número de entidades públicas, una medida central en su plan de reducción del gasto y redefinición del rol del Estado. Esta decisión, que abarca organismos de áreas sensibles, busca, según el Poder Ejecutivo, eliminar estructuras consideradas ineficientes o superfluas y combatir la corrupción, especialmente en el ámbito de la obra pública.
Entre los organismos cuya disolución ha sido confirmada, se encuentran entidades clave en áreas sensibles de la gestión pública. La lista incluye: la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el fideicomiso FONDEP, y las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud. También se suman la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), y la Comisión Nacional de Semillas, entre otros.
Además de las disoluciones, el plan de reestructuración contempla transformaciones y fusiones de otros organismos. Tal es el caso de algunas entidades que serán reconvertidas en unidades organizativas dependientes de ministerios, como el Instituto Nacional del Cáncer y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Asimismo, se ha dispuesto la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), cuyo rol será centralizar la gestión de los hospitales nacionales, marcando un cambio significativo en la administración sanitaria.
La noticia ha generado diversas reacciones en el país, particularmente en organismos afectados directamente. Un claro ejemplo es la Dirección Nacional de Vialidad, cuyas dependencias a lo largo del país se encuentran en estado de alerta. Un acta de asamblea general de la Seccional Neuquén de Vialidad Nacional, con fecha del 4 de julio de 2025, ya anticipaba la inminente aprobación de este decreto de disolución. En dicha asamblea, los trabajadores expresaron su “mucha preocupación por la situación actual” y analizaron posibles medidas de fuerza, incluyendo la posibilidad de un corte total de los Pasos Fronterizos, como el estratégico Paso Internacional Cardenal Samoré, así como la evaluación de acciones legales contra la decisión gubernamental.
Esta profunda reforma busca, según el Gobierno, optimizar los recursos públicos. Sin embargo, también abre interrogantes sobre el futuro de las funciones esenciales que cumplían estos organismos y el impacto en los miles de empleados afectados por estas decisiones a nivel nacional, lo que augura un intenso debate sobre las consecuencias de esta “motosierra” en la eficiencia del Estado y la prestación de servicios públicos.
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