La agenda legislativa en el Senado se encuentra atravesada por un debate de profundo calado fiscal y político: la demanda de los gobernadores por una mayor coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). A fines de junio e inicios de julio de 2025, la mayoría de los mandatarios provinciales impulsó activamente un proyecto de ley en la Cámara Alta que propone una profunda modificación en la distribución de este gravamen, que representa una fuente significativa de ingresos para las arcas nacionales.
La iniciativa central radica en la eliminación de seis fideicomisos y fondos nacionales que actualmente se financian, total o parcialmente, con este impuesto. Fondos estratégicos como los destinados a Infraestructura Hídrica, de Transporte, Sistema Vial Integrado, y Compensador del Transporte, entre otros, pasarían a ser coparticipados directamente a las provincias. La propuesta se fundamenta en el argumento de que estos recursos, aunque administrados por el Gobierno nacional, poseen una “afectación específica que no son propios” de la Nación, sino que se generan a partir de una imposición que impacta directamente en las economías regionales.
Actualmente, solo el 10,4% de lo recaudado por el ICL llega a las arcas provinciales. La propuesta de los gobernadores busca elevar esa participación al 57,02%, lo que implicaría un cambio sustancial en el flujo de recursos hacia las jurisdicciones. Desde las provincias, se sostiene que este cambio normativo es crucial para que puedan hacer frente a sus responsabilidades indelegables en áreas clave como la educación, salud y seguridad, así como a las competencias que, en algunos casos, han sido recientemente transferidas desde la órbita federal, sin el correspondiente traspaso de fondos. Voces como la del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, han ejemplificado este reclamo, lamentando que la Nación recaude el impuesto pero no invierta lo suficiente en el mantenimiento de rutas nacionales, afectando directamente la seguridad de los ciudadanos provinciales, como se reflejó en declaraciones a medios como LM Neuquén.
A pesar del consenso provincial, el Gobierno Nacional ha manifestado su tajante rechazo a estas iniciativas. Desde el Ejecutivo, se ha argumentado que una mayor coparticipación del ICL generaría un impacto fiscal negativo en las cuentas públicas nacionales, poniendo en riesgo el equilibrio presupuestario buscado por la administración central. La discusión se enmarca dentro de un contexto de profundas tensiones por la reasignación de partidas presupuestarias y el equilibrio de las cuentas públicas a nivel federal, donde cada movimiento tiene consecuencias directas.
Mientras el paquete fiscal y otras leyes cruciales continúan su camino legislativo en el Congreso, el destino de los fondos del ICL se mantiene como un punto neurálgico en la relación Nación-Provincias. Los gobernadores se mantienen firmes en su postura de buscar una mayor autonomía financiera para sus distritos, anticipando un debate complejo y de alto voltaje político en las próximas semanas.
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