El conflicto por el acceso a la tierra en Aluminé alcanzó un punto álgido con la prolongación de un asentamiento espontáneo que se inició el pasado sábado 31 de mayo. Según relató Paulo Ibarra, él estableció posesión de un terreno público fiscal ese día a las 8:30 de la mañana, de manera individual y pacífica, con dos vecinos como testigos. La iniciativa, motivada por la “necesidad habitacional” en Aluminé, generó una adhesión masiva y espontánea, alcanzando 89 familias para el día domingo y llegando a las 105 familias en el último listado. Ibarra precisó que el terreno, de carácter público fiscal, fue cedido hace 40 años por la comunidad Mapuche Pupegüen a la Municipalidad de Aluminé para crecimiento habitacional, y que nunca se pagó un impuesto por esas tierras.
Cinco días después del inicio del asentamiento, la zona fue militarizada con la presencia de 205 policías, incluyendo fuerzas especiales como GEO, Metropolitana, y otras fuerzas. En ese momento, había 18 personas dentro del predio. Ibarra enfatizó que las fuerzas policiales se metieron al predio “sin orden de desalojo”, rompiéndoles todas las carpas, cortando alambres y tirando abajo las casillas. El referente asegura tener pruebas contundentes de este accionar, y denuncia un “abuso de autoridad”.
Posteriormente, se estableció un cerco policial en todo el perímetro, prohibiendo el ingreso de elementos básicos como agua, alimento, abrigo y leña, dejando a los ocupantes en una situación de “sitiados”. Además, según Ibarra, se cortaron calles a tres cuadras del asentamiento para que el pueblo no viera “el abuso de autoridad, el abuso de poder que se estaba cometiendo”. Denuncia violaciones de derechos constitucionales, tratados internacionales, derechos humanos y derechos de la mujer, mencionando el caso de una mujer operada del pie a quien se le quitó un subsidio gubernamental tras unirse al asentamiento. También afirmó que personas que apoyaron el reclamo fueron despedidas de sus trabajos, supuestamente por la misma municipalidad.
En un momento de alivio, una carta enviada por los ocupantes a la jueza de garantías Leticia Lorenzo logró que se les permitiera el ingreso de alimentos básicos, agua, abrigo y leña. Sin embargo, Ibarra relató que cinco días después, un comisario rompió esa orden judicial, volviendo a cerrar el acceso. Paulo Ibarra afirmó haber presentado tres denuncias penales contra este comisario por abuso de autoridad y por romper una orden judicial.
Ibarra, quien tiene 46 años y asegura haber presentado carpetas solicitando un terreno en el municipio durante los últimos 20 años sin éxito, considera esta ocupación como su “última carta”. Durante 40 días, los ocupantes no pudieron salir del predio para generar ingresos, lo que los obligó a vender herramientas y endeudarse. Una nueva carta a la jueza Leticia Lorenzo les permitió salir durante el día, pero siguen sin poder pasar las noches en sus casas, lo que Ibarra describe como “condenados sin condena” y un “daño y prejuicio familiar”. Actualmente, están interponiendo recursos de amparo y habeas corpus desde el asentamiento para poder pernoctar en sus hogares.
Paulo Ibarra apuntó directamente al intendente Diego Victoria, a quien denunció por violación de los derechos humanos, abandono de personas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y por romper una orden judicial. Afirmó tener grabaciones donde el intendente, junto a un comisario, visitó el asentamiento ofreciendo planes sociales y alquileres a cambio de que se fueran, y donde el intendente supuestamente los llamó “negros ignorantes de mierda” en una radio, lo que motivó una denuncia por racismo. Ibarra sostiene que, si bien su objetivo inicial era solo un terreno, las “aberraciones” y “violaciones de derechos” sufridas lo han llevado a buscar que estos funcionarios rindan cuentas. Paulo Ibarra destacó que no hay antecedentes de violencia por parte de los ocupantes, ni denuncias por resistencia a la autoridad o vías de hecho contra la policía, sino que son ellos quienes han denunciado a policías y comisarios por abuso de autoridad y al intendente.
Escucha aquí las declaraciones completas de Paulo Ibarra:
Esta nota fue elaborada a partir de nota realizada a referente de las familias del asentamiento 31 de mayo de Aluminé. AiresNuevosNQN se ampara en la Constitución Nacional, la Ley 26.032 y tratados internacionales que garantizan la libertad de prensa y el derecho a informar sobre asuntos de interés público.
