El 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, una camioneta bomba estalló frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en la calle Pasteur 633, en el barrio de Once de la Ciudad de Buenos Aires. La explosión provocó el derrumbe casi total del edificio, sepultando a las 85 víctimas bajo los escombros y causando heridas a más de 200 personas. Este acto de terrorismo marcó un antes y un después en la historia argentina, dejando una cicatriz profunda en la sociedad.
Este 31° aniversario se celebra con la expectativa puesta en el desarrollo del Juicio en Ausencia, una instancia judicial que marca un hito en la causa. El juez Daniel Rafecas resolvió el pasado 26 de junio que se llevará adelante este tipo de proceso contra diez acusados, exfuncionarios iraníes y miembros de Hezbollah que permanecen prófugos desde hace décadas. Esta medida fue adoptada a pedido de la Unidad Fiscal AMIA y se fundamenta en una ley sancionada por el Congreso en febrero de este año, que habilita a avanzar en procesos penales cuando los imputados eluden sistemáticamente a la Justicia. La hipótesis judicial sostiene que el atentado fue planificado por altos funcionarios del régimen iraní y ejecutado con el apoyo logístico y operativo de Hezbollah, tanto en Argentina como en la zona de la Triple Frontera.
La AMIA, en un comunicado oficial, ha sostenido que el atentado fue declarado por la Justicia argentina como un “crimen de lesa humanidad” y, por lo tanto, imprescriptible, constituyendo una grave violación a los derechos humanos. La relevancia del caso trascendió fronteras este año, con homenajes históricos por primera vez en el Congreso de los Estados Unidos y en el Parlamento israelí, reafirmando el respaldo internacional a la lucha por justicia y memoria.
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