NEUQUÉN, 19 de agosto de 2025 — La dolorosa lucha de la familia Ávalos por encontrar a Sergio, desaparecido hace 22 años en el boliche “Las Palmas” de la capital neuquina, ha logrado finalmente un quiebre. En lo que la familia considera una victoria largamente esperada, la justicia federal imputó a 19 personas, entre militares, policías y personal del local, bajo la figura de desaparición forzada. Este hito judicial valida la postura que la familia sostuvo contra viento y marea por más de dos décadas.
El calvario de 22 años y la crítica a la justicia provincial
La odisea de la familia Ávalos se extendió por más de dos décadas, un camino marcado por la frustración y la falta de respuestas. Mercedes Ávalos, hermana de la víctima, fue contundente en su crítica al proceso inicial, que no buscaba culpables. “La causa estuvo por diez años en la Justicia provincial que tuvo como averiguación de paradero y no busco nunca los culpables de su desaparición”, expresó.
Durante años, la familia tuvo que lidiar con hipótesis que sugerían que Sergio se había ido por voluntad propia, había pedido un taxi o se había fugado para evadir responsabilidades académicas. Versiones que ellos siempre desmintieron con firmeza, sabiendo que el caso era mucho más complejo.
El cambio de fuero a la justicia federal, conseguido por abogados de fuera de la provincia como el Dr. Aparicio (de Bahía Blanca) y el Dr. Heredia (de Salta Tartagal), significó el inicio de una investigación seria. Según la familia, estos letrados lograron “recaudar testimonios y comprobar el funcionamiento del boliche” con sus propios recursos, algo que la justicia neuquina no había logrado en una década.
Un “aparato de violencia” y un “pacto de silencio”
El reciente fallo judicial que se conoce ahora, valida cada uno de los miedos y sospechas de la familia. La resolución acusa a los 19 imputados de haber participado en la desaparición de Sergio y de haber mantenido un “pacto de silencio” por más de 20 años para ocultar lo sucedido. La justicia federal detalla la existencia de un “aparato de violencia organizado” dentro del boliche, que incluía un sistema de comunicación por “handy” y cámaras de seguridad, donde se agredía física y verbalmente a los clientes en un “cuartito de seguridad.”
El fallo señala directamente a Pedro Nardanone, dueño del boliche, y a Patricio Sesnich, encargado de seguridad, como los responsables de dirigir esta red. Además, se les acusa de ocultar o destruir pruebas clave, como las grabaciones de video de aquella noche. La resolución judicial considera que los imputados hicieron desaparecer a Ávalos bajo esta modalidad y que su posterior silencio constituye el delito de “desaparición forzada”, un crimen que se mantiene activo mientras no se conozca el paradero de la víctima.
El modus operandi y la imputación a los responsables directos
El fallo judicial que imputa a 19 personas desarticula el entramado criminal que, según la justicia federal, operaba dentro del boliche. La resolución detalla la existencia de un “aparato de violencia organizado” que, con un sistema de comunicación por “handy” y el uso de un “cuartito de seguridad”, agredía física y verbalmente a los clientes. La desaparición de Sergio Ávalos, sostiene el dictamen, fue el resultado de esta modalidad de violencia. El fallo señala directamente a Pedro Nardanone, propietario, y a Patricio Sesnich, encargado de seguridad, como los responsables de dirigir esta red. La justicia los acusa, además, de haber ocultado o destruido pruebas clave, como las grabaciones de video de aquella noche, para mantener el “pacto de silencio” que se extendió por más de dos décadas.
El camino hacia el juicio oral
La imputación judicial de 19 personas representa un triunfo para la familia Ávalos, que con sus propios recursos y convicción logró que el sistema de justicia reconociera que el caso no fue una simple desaparición, sino un crimen complejo y ocultado. El fallo, al considerar la desaparición forzada, abre el camino hacia un juicio oral que podría finalmente dar las respuestas que la familia ha buscado por más de dos décadas.
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Esta nota fue elaborada a partir de información proporcionada por el circuito íntimo de la familia Ávalos. AIRESNUEVOSNQN se ampara en la Constitución Nacional, la Ley 26.032 y tratados internacionales que garantizan la libertad de prensa y el derecho a informar sobre asuntos de interés público.
