El monitoreo 2025 realizado por UNICEF Argentina y el Observatorio de la Televisión de la Universidad Austral arroja datos que no podemos soslayar: casi seis de cada diez noticias sobre niñas, niños y adolescentes (NNyA) en la televisión abierta estuvieron vinculadas al delito, la violencia y la inseguridad. Este clima discursivo no es inocuo; es el suelo sobre el cual se cimentó y sancionó la Ley 27.801, que estableció la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años en nuestro país.

El informe anual, titulado “Monitoreo de noticias sobre infancia y adolescencia en medios de Argentina”, relevó los principales noticieros de los canales de aire durante meses clave del 2025. Los resultados son contundentes: sobre un universo de 10.963 noticias, apenas el 9,34% se refirió a NNyA, ocupando solo el 12,57% del tiempo total de pantalla. Este primer dato revela una escasa presencia en la agenda, pero el problema estructural radica en cómo se construye esa visibilidad.

El encuadre: entre la víctima y el victimario

Cuando los medios de comunicación deciden hablar de las juventudes, lo hacen mayoritariamente desde marcos negativos. Los temas dominantes fueron “policiales e inseguridad” y “violencia”, concentrando casi el 60% de la cobertura total. De este modo, la niñez televisiva queda atrapada en una dicotomía peligrosa: o es la víctima indefensa o es el victimario amenazante.

Este encuadre no es neutro. Cuando una población es asociada sistemáticamente al rol de victimario, se produce una operación simbólica donde el sujeto deja de ser percibido como titular de derechos y pasa a ser interpretado exclusivamente como un problema de seguridad nacional.

La ausencia de la voz propia

Un dato alarmante del informe es que solo el 2,13% de las noticias toma a niñas, niños o adolescentes como fuente directa de información. En el resto de los casos, sus experiencias, miedos y realidades son narradas por adultos. Esta invisibilización como sujetos de palabra, contrastada con la visibilización como sujetos de conflicto, genera un dispositivo donde se habla sobre ellos, pero nunca con ellos.

El dispositivo del miedo y la falta de contexto

La narrativa mediática actual está dominada por el uso de cámaras de seguridad, redes sociales y videos virales, con más del 64% de las noticias recurriendo a la espectacularización. Esto no solo informa, sino que construye una percepción social de urgencia y peligro constante.

A esto se suma que el 67,93% de las noticias no contextualiza los hechos. Sin un análisis de las causas sociales, institucionales o económicas, el problema se desplaza del ámbito de las políticas públicas al ámbito moral y penal. El resultado es un sentido común punitivo que reclama castigo en lugar de intervención integral.

La vulneración de la intimidad y la Ley 27.801

Resulta paradójico que, mientras se reclama mayor rigor legal, más del 53% de las noticias vulnera el derecho a la intimidad de los menores, exponiendo datos que la propia Ley 27.801 ordena proteger. La ley, aunque mediáticamente se instaló bajo el eslogan de “delito de adulto, pena de adulto”, es un cuerpo normativo complejo que mantiene —al menos en su letra— principios de resocialización, educación, especialidad y proporcionalidad que el discurso de “odio” mediático tiende a ignorar.

Conclusión: El país que miramos

La baja de imputabilidad ya es una realidad legislativa. Sin embargo, el interrogante que nos plantea el informe de UNICEF sigue vigente: ¿Qué país estamos construyendo cuando solo miramos a nuestros jóvenes cuando delinquen, sangran o protagonizan un escándalo? Mientras la lógica del rating y el castigo prime sobre el enfoque de derechos, seguiremos atrapados en una agenda que ofrece cárceles donde debería ofrecer futuro.

Bibliografía y Fuentes: * UNICEF Argentina & Universidad Austral. (2025). Monitoreo de noticias sobre infancia y adolescencia en medios de Argentina: Informe anual de resultados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

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Este artículo de opinión para AiresNuevosNQN busca aportar rigor técnico al debate social. Nuestra labor se ampara en los derechos garantizados por la Constitución Nacional y la Ley 26.032.