NEUQUÉN, 29 de julio de 2025. – Un significativo avance se produjo en la causa por la desaparición forzada de Sergio Ávalos, ocurrida el 14 de junio de 2003 en el local bailable Las Palmas. El Juzgado Federal N° 2 de Neuquén, a cargo del juez Gustavo Villanueva, dispuso el procesamiento con prisión preventiva de 20 personas, además de imponer embargos multimillonarios y severas restricciones procesales.
La resolución, comunicada oficialmente este 28 de julio de 2025 en el marco del expediente FGR 2155/2014, acusa a los imputados de participar en distintos grados de responsabilidad en la desaparición forzada de Sergio Daniel Ávalos, quien era estudiante universitario al momento de su desaparición de una discoteca céntrica de la capital neuquina.
Según el auto judicial, los procesados como coautores del delito son:
- Osvaldo Daniel Carracedo
- Roberto Alejandro Costa
- María Alejandra Siboldi
- Irene Esther Fuentes
- Juan Darío Arévalo Smith
- José Luis Flores
- Alfredo Humberto Cortínez
- Pedro José Sepúlveda Palacios
- Eugenio Alejandro Tarifeño
- Rubén Ángel Ferreira
- Patricio Sesnich
Por su parte, fueron procesados como partícipes necesarios:
- Diego Alberto Herman
- Cristian Rubén Cepeda
- Rubén Gustavo Escobar
- Pablo Martín Fantón
- María Teresa Monsalve
- Ítalo Edgardo Soto
- Pedro Ángel Pacheco
- Pedro Raúl Nardanone
La medida judicial también establece embargos de bienes y dinero que alcanzan cifras millonarias, oscilando entre 37 y 48 millones de pesos por persona. Esto suma un total superior a los 800 millones de pesos en bienes embargados, una acción que busca garantizar posibles reparaciones económicas y evitar maniobras de ocultamiento patrimonial.
Entre las restricciones impuestas a los imputados se incluyen la prohibición de salida del país sin autorización judicial, la obligación de no ausentarse del domicilio por más de diez días sin notificación y la comparecencia mensual ante la Justicia, ya sea en el juzgado o en la comisaría más cercana. Para el caso de Pablo Martín Fantón, quien reside en Paraguay, el Juzgado solicitó a Interpol que constate su domicilio y se le ordenó presentarse con la misma frecuencia que el resto en la sede consular o dependencia diplomática argentina más próxima.
El delito atribuido, Desaparición Forzada de Personas (art. 142 ter del Código Penal), implica una pena de prisión perpetua en caso de condena. La figura legal se agrava cuando el hecho es cometido por funcionarios del Estado o con su connivencia, como en este caso, donde varios de los imputados revistaban o habían revistado en fuerzas de seguridad al momento de los hechos.
Esta decisión judicial marca un punto de inflexión en la búsqueda de justicia por Sergio Ávalos, un caso emblemático de la historia judicial neuquina cuya desaparición conmueve a la comunidad desde hace más de dos décadas y que ahora cobra un nuevo impulso con estos procesamientos.
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