NEUQUÉN, 17 de julio de 2026.
El debate sobre la propiedad de la tierra volvió a instalarse en el centro de la agenda nacional y encuentra a Neuquén atravesado por una problemática histórica: quién tiene los títulos, quién trabaja el territorio, qué sucede con las tierras fiscales y quién decide sobre su utilización y transferencia.
El Senado de la Nación resolvió este jueves 16 de julio pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto, luego de que el oficialismo no consiguiera los votos necesarios para avanzar con el proyecto denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La iniciativa incluye modificaciones a distintos regímenes vinculados con expropiaciones, desalojos, regularización dominial, manejo del fuego y tierras rurales.
Uno de los puntos que generó mayores diferencias fue la posible modificación de la Ley 26.737, que actualmente establece límites para la titularidad o posesión de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
El debate quedó pendiente. Sin embargo, sus consecuencias podrían tener una importancia particular para las provincias patagónicas, donde la tierra se encuentra vinculada con recursos hídricos, zonas fronterizas, producción ganadera, turismo, bosques, minerales y proyectos energéticos.
MÁS DE TRES MILLONES DE HECTÁREAS FISCALES
Según el último dato exacto difundido oficialmente por el Gobierno provincial, Neuquén tiene una superficie total de 9.440.389 hectáreas, de las cuales 3.053.109 corresponden a tierras fiscales.
La cifra fue publicada el 25 de noviembre de 2025, en el marco de un informe sobre el Plan Provincial de Regularización Territorial. Durante 2026, el Ejecutivo continuó utilizando como referencia que Neuquén posee más de tres millones de hectáreas fiscales.
Esto significa que casi un tercio del territorio provincial permanece bajo dominio del Estado neuquino.
La dimensión de esa superficie convierte a la política de tierras en una cuestión estratégica. No se trata solamente de entregar escrituras, sino de definir qué tierras serán destinadas a la producción, la vivienda, las reservas naturales, la infraestructura, el turismo y los emprendimientos privados.
También obliga a responder qué sucede con las familias que habitan, trabajan o utilizan históricamente sectores rurales sin haber obtenido seguridad jurídica.
RICARDO PINO Y EL FUTURO DEL CAMPESINADO
En una entrevista realizada por AIRES NUEVOS NQN, Ricardo Pino analizó el futuro de las tierras fiscales y la situación del campesinado neuquino.
La entrevista puso en discusión una realidad que se repite en diferentes puntos de la provincia: numerosas familias rurales sostienen actividades productivas y permanecen durante generaciones en un territorio, pero no siempre cuentan con títulos, adjudicaciones definitivas o respuestas administrativas a sus expedientes.
La falta de regularización limita el acceso al crédito, impide realizar determinadas inversiones y mantiene a pobladores y productores en una situación de incertidumbre.
Para los pequeños productores, la seguridad jurídica no representa únicamente la posibilidad de convertirse en propietarios. También supone poder planificar, mejorar instalaciones, acceder al agua, sostener la producción y garantizar la continuidad de las nuevas generaciones en el campo.
EL CHACHIL Y LAS TIERRAS QUE ERAN CONSIDERADAS FISCALES
El conflicto territorial en la zona del Chachil expuso otra dimensión del problema.
La Comunidad Mapuche Cayupán solicitó al Gobierno de Neuquén acceso a expedientes, mensuras, antecedentes dominiales y actuaciones catastrales relacionadas con el denominado Lote 90.
El reclamo busca determinar cómo sectores utilizados históricamente por familias veranadoras y considerados durante años como tierras fiscales quedaron vinculados con propiedades privadas.
Los pobladores también denunciaron la colocación de tranqueras, alambrados y restricciones para circular por territorios utilizados tradicionalmente durante las veranadas.
El caso plantea una pregunta que todavía no tiene una respuesta pública integral: cómo se realizaron las mensuras y qué actos administrativos permitieron modificar la situación dominial de esas tierras.
La controversia no se limita a una disputa por una parcela. Afecta rutas históricas de arreo, espacios productivos, fuentes de agua y la continuidad de una actividad ganadera desarrollada durante generaciones.
ALUMINÉ Y LA FALTA DE TIERRAS PARA VIVIENDA
En Aluminé, el conflicto por la tierra adquirió una dimensión habitacional.
Familias agrupadas en el asentamiento 31 de Mayo ocuparon terrenos ante la falta de acceso a lotes y viviendas. El reclamo derivó en intervenciones judiciales, denuncias de hostigamiento y advertencias sobre posibles desalojos.
La situación mostró otra cara de la discusión territorial.
Mientras a nivel nacional se debate la posibilidad de modificar las condiciones para la adquisición de grandes extensiones rurales, numerosas familias neuquinas continúan esperando una respuesta para acceder a una pequeña parcela donde construir una vivienda.
Los conflictos rurales y habitacionales no son jurídicamente iguales. Sin embargo, comparten un elemento central: la ausencia de soluciones sostenidas y transparentes para ordenar el acceso, la utilización y la regularización de la tierra.
QUIÉN TRABAJA Y QUIÉN TIENE LOS PAPELES
Crianceros y productores del centro y norte neuquino también han reclamado la regularización de tierras ocupadas y trabajadas durante décadas.
En muchos casos existen permisos de ocupación, expedientes administrativos o reconocimientos vinculados con la actividad productiva, pero no títulos definitivos.
La demora produce una desigualdad concreta entre quienes trabajan la tierra y quienes cuentan con capacidad económica, información o herramientas legales para acceder a ella.
A esto se suman las dificultades relacionadas con caminos rurales, agua, infraestructura, incendios y acceso a las zonas de invernada y veranada.
Sin una política integral, la regularización dominial avanza de manera fragmentada y los conflictos reaparecen en diferentes localidades.
QUÉ PODRÍA CAMBIAR CON LA REFORMA NACIONAL
La Ley 26.737 establece actualmente límites a la propiedad o posesión extranjera de tierras rurales.
Entre sus disposiciones se encuentra el límite general del 15 por ciento sobre el territorio rural nacional, provincial y subprovincial. También contempla restricciones por nacionalidad, superficie y ubicación en zonas que contienen o limitan con cuerpos de agua relevantes.
El proyecto discutido en el Senado propone revisar ese esquema y ampliar las posibilidades de adquisición e inversión.
Sus defensores sostienen que las restricciones vigentes desalientan inversiones productivas. Los sectores críticos advierten que una flexibilización podría afectar el control sobre recursos naturales y territorios estratégicos.
La discusión resulta especialmente sensible para Neuquén por su condición de provincia cordillerana, fronteriza y productora de gas, petróleo, minerales, agua, alimentos y servicios turísticos.
EL PAPEL QUE PODRÍA TENER LA PROVINCIA
El debate nacional también abre un interrogante sobre el papel de los gobiernos provinciales.
Las modificaciones analizadas contemplan una mayor intervención de las provincias en decisiones relacionadas con determinadas operaciones sobre tierras rurales.
Esto obliga a conocer qué posición asumirá el Gobierno neuquino y cuáles serán los criterios para evaluar inversiones o adquisiciones.
La Provincia debería informar qué superficie rural se encuentra actualmente en manos extranjeras, dónde está ubicada, qué recursos contiene y qué mecanismos de control están vigentes.
También debería explicar cuántos expedientes de regularización de tierras fiscales permanecen pendientes, cuántas familias esperan una adjudicación y qué respuesta brindará ante conflictos como los registrados en El Chachil y Aluminé.
UNA DISCUSIÓN QUE VA MÁS ALLÁ DEL SENADO
El proyecto volverá al centro del debate parlamentario el próximo 6 de agosto, cuando continúe la sesión que quedó en cuarto intermedio.
Pero en Neuquén la discusión ya está abierta.
Más de tres millones de hectáreas fiscales, productores sin títulos, familias sin terrenos para viviendas, veranadores con restricciones de acceso y comunidades que reclaman conocer los antecedentes dominiales muestran que la tierra no es solamente una mercancía.
Es vivienda, producción, identidad, agua, alimento, energía, cultura y permanencia en el territorio.
La discusión de fondo no consiste únicamente en determinar si una persona extranjera puede comprar tierras rurales.
También exige responder quién accede a la tierra en Neuquén, quién queda afuera y qué modelo territorial pretende construir la provincia para las próximas generaciones.
LEÉ TAMBIÉN EN AIRES NUEVOS NQN
• ‘Ricardo Pino: “Hay que resolver definitivamente la entrega de la tierra • Conferencia de prensa: “Nos vendieron con la gente y los animales adentro”.
Fuente: Senado de la Nación Argentina; Gobierno de la Provincia del Neuquén; entrevista y archivo periodístico de AIRES NUEVOS NQN.
Este informe de AIRES NUEVOS NQN se realiza bajo la garantía constitucional de libertad de expresión y prensa (Art. 14 de la Constitución Nacional y Ley 26.032).
