NEUQUÉN, 16 de agosto de 2025 — Un reciente informe del prestigioso diario The New York Times ha puesto en evidencia las estrategias fiscales de SpaceX, la compañía de exploración espacial de Elon Musk. Según la investigación, la empresa ha recibido miles de millones de dólares en contratos del Gobierno de Estados Unidos a lo largo de su historia, pero habría pagado muy poco o nada en impuestos federales sobre la renta.
El principal mecanismo que utiliza la compañía, considerado un beneficio fiscal completamente legal, es la posibilidad de arrastrar pérdidas operativas netas. De acuerdo con los documentos revisados por el Times, SpaceX acumuló más de 5 mil millones de dólares en pérdidas fiscales hasta finales de 2021. Un cambio en la ley en 2017 eliminó la fecha de caducidad para este tipo de beneficios, permitiendo a la empresa aplicar de manera indefinida casi 3 mil millones de dólares en pérdidas para compensar futuros ingresos tributables.
El informe revela, por primera vez, que la dependencia de SpaceX de los fondos federales es mucho mayor de lo que se creía: en 2020, los contratos gubernamentales generaron casi el 84% de los ingresos de la empresa, una cifra que bajó al 76% en 2021. A pesar de su éxito financiero —con una valoración que supera los 350 mil millones de dólares y ganancias operativas de unos 5 mil millones el año pasado— la empresa ha comunicado en privado a sus inversores que “quizá nunca tenga que pagar” impuestos sobre la renta.
Expertos fiscales consultados calificaron la magnitud de este beneficio como “sustancial y notable” para una empresa que va tan bien. Danielle Brian, del Proyecto de Supervisión Gubernamental, calificó de “peculiar” el uso de esta estrategia por parte de SpaceX, ya que estaba pensada para ayudar a empresas en dificultades, no a una que, como en este caso, “va tan bien”.
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Esta noticia fue desarrollada en base a la información periodística del diario The New York Times. AIRESNUEVOSNQN se ampara en la Constitución Nacional, la Ley 26.032 y tratados internacionales que garantizan la libertad de prensa y el derecho a informar sobre asuntos de interés público.
