El término “lawfare”, una contracción de las palabras inglesas “law” (ley) y “warfare” (guerra), ha cobrado una relevancia inusitada en el léxico político y judicial de América Latina en las últimas décadas. Aunque su origen conceptual se remonta a ámbitos militares estadounidenses de principios del siglo XXI, su aplicación en la región para describir la instrumentalización del sistema judicial con fines de persecución y proscripción política es un fenómeno que, si bien tiene antecedentes históricos, se ha intensificado y complejizado hasta convertirse en un tema de constante actualidad.
Expertos y líderes políticos de diversas vertientes coinciden en señalar que el lawfare representa una “warfare jurídica” que, bajo la apariencia de legalidad, busca neutralizar adversarios políticos o inhabilitar figuras públicas influyentes. Casos emblemáticos como los que afectaron al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue condenado y luego absuelto en causas que lo llevaron a prisión y le impidieron participar de elecciones, o las situaciones de Rafael Correa en Ecuador y la propia Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, son citados recurrentemente como ejemplos de este fenómeno. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina, por ejemplo, ha calificado al lawfare como una “práctica violatoria de los derechos humanos” con impacto en procesos electorales y la opinión pública.
Analistas sostienen que el lawfare no opera de forma aislada. Generalmente, se articula con campañas mediáticas masivas que contribuyen a construir una imagen negativa del acusado, socavando su reputación y legitimidad ante la sociedad. Esta “manufacturación de consenso” busca preparar el terreno para las acciones judiciales, transformando la percepción pública y justificando las decisiones de los tribunales. Este entramado entre el poder judicial, político y mediático es lo que, según sus críticos, diferencia el lawfare de una simple judicialización de la política.
Aunque el concepto de lawfare ha ganado visibilidad en los últimos años, prácticas que lo caracterizan —como la politización de la justicia o el uso de denuncias para desgastar opositores— tienen raíces profundas en la historia latinoamericana. Lo que lo convierte en un tema de la actualidad es la sofisticación de sus métodos y su impacto en las democracias contemporáneas, afectando la estabilidad institucional y la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
En la actualidad, con varios casos aún abiertos o en revisión en los más altos tribunales de la región, el lawfare sigue generando tensiones políticas y judiciales. Las discusiones sobre su existencia y sus efectos se dan no solo en los estrados judiciales y los medios de comunicación, sino también en organismos internacionales y foros académicos, reflejando su profunda relevancia en el panorama geopolítico de América Latina. La preocupación radica en la percepción de que, si no se aborda adecuadamente, esta estrategia puede socavar los pilares del Estado de derecho y la separación de poderes en las democracias del continente.