Buenos Aires, 3 de enero de 2026.- En un movimiento que sacude los cimientos institucionales del país al inicio del año, el Gobierno Nacional ha publicado el DNU 941/2025, modificando de manera sustancial la Ley de Inteligencia Nacional (N° 25.520). La medida, oficializada este 2 de enero, otorga a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) facultades que habían sido vedadas desde el retorno de la democracia en 1983.
La “Policialización” de la Inteligencia
El eje central del decreto es la autorización legal para que los agentes de la SIDE realicen detenciones en casos de flagrancia o por auxilio judicial. Este cambio técnico borra la frontera histórica entre la Seguridad Interior y la Inteligencia. Según el análisis legal, el “espía” deja de ser exclusivamente un recolector de información estratégica para convertirse en un actor con poder de fuerza pública, operando bajo identidad reservada.
Especialistas advierten que esta medida desarma el pilar del “Nunca Más”, que separaba tajantemente la inteligencia del Estado de las tareas de represión interna.
Secreto por Defecto: El Fin de la Rendición de Cuentas
La reforma introduce el concepto jurídico de “Secreto por Defecto”. A partir de ahora, todas las actividades, el personal y los bienes de la SIDE tienen carácter encubierto de forma automática.
“Cualquier auditoría externa o judicial chocará con la barrera del ‘Riesgo Estratégico Nacional’, haciendo que la rendición de cuentas sea prácticamente imposible ante la sociedad y el Poder Legislativo”.
Este esquema de opacidad garantiza que las operaciones de la SIDE no puedan ser fiscalizadas en tiempo real, dificultando el control sobre posibles desvíos o persecuciones políticas.
Financiamiento Millonario: Una Caja de $100.000 Millones
Para garantizar la operatividad de esta estructura, el Gobierno ha recurrido al Decreto 1/2026 (Prórroga del Presupuesto). Se estima que la caja inicial para los organismos de inteligencia superará los $100.000.000.000.
Este monto proviene, en gran medida, de las ampliaciones por $26.000 millones realizadas por decreto el pasado mes de diciembre. Al ser consideradas operaciones “encubiertas”, la totalidad del gasto puede ser ejecutada sin dejar rastro en los registros administrativos públicos habituales, convirtiéndose en fondos ciegos fuera del alcance parlamentario.
Un “Enero Caliente” institucional
Aprovechando el receso del Congreso y la feria judicial, el Ejecutivo centraliza el poder de vigilancia mediante la creación de la Comunidad de Inteligencia (CITN), una mesa común donde convergerán militares, policías y espías.
Desde la oposición y organismos de Derechos Humanos ya califican estas facultades como “propias de una dictadura” y anticipan una fuerte judicialización de la medida apenas finalice el receso de enero.
Análisis del Lenguaje: Modernización vs. Control
Es fundamental observar el cambio de terminología oficial. Mientras el Gobierno utiliza términos como “Modernización”, “Ciberinteligencia” y “Contrainteligencia”, el análisis legal demuestra que estos conceptos encubren facultades de vigilancia interna. Lo que se presenta como “eficiencia contra el terrorismo” constituye, técnicamente, una estructura de control político y social con recursos millonarios y nula transparencia.
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Esta nota fue elaborada a partir de fuentes verificadas y el análisis técnico de los decretos 941/2025 y 1/2026. AiresNuevosNQN se ampara en la Constitución Nacional, la Ley 26.032 y tratados internacionales que garantizan la libertad de prensa y el derecho a informar sobre asuntos de interés público.
