Cutral Co, 13 de junio de 2026.- Las declaraciones públicas del concejal César Omar Pérez continúan generando repercusiones políticas e institucionales en la comarca petrolera, luego de afirmar en una entrevista difundida por el programa Border Sessions que existiría “un pueblo anestesiado por la droga en su gran mayoría” y que determinados sectores tendrían interés en mantener esa situación.

La frase provocó cuestionamientos debido a que vincula problemáticas relacionadas con el consumo de drogas, el control social y el manejo de recursos públicos, generando pedidos para que cualquier información o evidencia vinculada a esas afirmaciones sea presentada ante los organismos competentes.

LA OPINIÓN SE DEBATE. LOS DELITOS SE DENUNCIAN

El debate no gira sobre la posibilidad de que un concejal critique a una gestión o exprese opiniones políticas. La controversia se centra en el alcance de las afirmaciones realizadas y en la necesidad de respaldarlas con elementos verificables cuando involucran posibles delitos o irregularidades.

Durante la entrevista, Pérez sostuvo además que Cutral Co sería un municipio “copado por el narcotráfico”, cuestionó políticas de seguridad y realizó observaciones sobre la obra pública y el manejo de fondos.

Las declaraciones fueron posteriormente reproducidas por distintos medios y generaron pedidos para que sean acompañadas por denuncias formales o pruebas que permitan su investigación.

NO SE LE PIDIÓ SILENCIO: SE LE PIDIÓ DENUNCIA

Sectores vinculados a La Libertad Avanza interpretaron la situación como un intento de persecución política. Sin embargo, quienes impulsan los cuestionamientos sostienen que el planteo principal apunta a que las acusaciones sean formalizadas ante el Ministerio Público Fiscal.

La discusión se centra en determinar si las afirmaciones corresponden exclusivamente al terreno del debate político o si describen hechos que deberían ser investigados judicialmente.

SEGURIDAD Y JUSTICIA SON COMPETENCIAS PROVINCIALES

Otro aspecto presente en la discusión es el alcance de las competencias institucionales.

La investigación de delitos vinculados al narcotráfico y al narcomenudeo corresponde al Ministerio Público Fiscal, a la Policía y a los organismos provinciales de seguridad.

Los municipios pueden colaborar mediante sistemas de monitoreo, infraestructura, prevención comunitaria y convenios institucionales, pero no tienen competencia para conducir investigaciones penales.

Desde la entrada en vigencia de la Ley Provincial 3488, las causas de narcomenudeo son investigadas dentro de la órbita provincial, con intervención de fiscales y fuerzas de seguridad.

CUTRAL CO REGISTRA ANTECEDENTES DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Las declaraciones también reabrieron el debate sobre las medidas implementadas en la comarca.

Entre ellas figuran refuerzos policiales anunciados por el Gobierno provincial, convenios para ampliar sistemas de videovigilancia y acuerdos entre el Ministerio Público Fiscal y el municipio para el acceso a cámaras de monitoreo.

Distintos sectores consideran que cualquier análisis sobre la situación de seguridad debe contemplar también estas acciones institucionales actualmente vigentes.

PÉREZ NO PUEDE ALEGAR DESCONOCIMIENTO

Uno de los aspectos más mencionados en el debate público es la trayectoria institucional de Pérez, quien se desempeñó como ministro provincial de Justicia, Trabajo y Seguridad durante la gestión de Jorge Sapag.

Por ese motivo, distintos actores políticos entienden que conoce los mecanismos institucionales previstos para formular denuncias y aportar pruebas cuando existen sospechas sobre posibles delitos.

LOS EJEMPLOS NACIONALES MUESTRAN LA DIFERENCIA

La discusión también encuentra antecedentes recientes en la política nacional.

Uno de los casos mencionados es el de la diputada nacional Marcela Pagano, quien realizó acusaciones públicas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y posteriormente efectuó presentaciones y ampliaciones de denuncia ante la Justicia Federal.

Más allá de la validez o no de esas acusaciones, el caso suele citarse como ejemplo de una práctica institucional: cuando un dirigente sostiene públicamente que existen hechos potencialmente delictivos, el camino formal consiste en trasladar esa información a los organismos judiciales competentes para su investigación.

EL JUICIO POLÍTICO ES UNA CONSECUENCIA POSIBLE, NO EL PUNTO DE PARTIDA

En paralelo, surgió el debate sobre un eventual proceso institucional contra el concejal.

Las ordenanzas municipales vigentes contemplan procedimientos específicos para eventuales denuncias, investigaciones, producción de pruebas y derecho de defensa.

Por ese motivo, distintos sectores remarcan que cualquier decisión institucional debe ajustarse a los mecanismos previstos por la normativa local.

LO TEMERARIO NO FUE OPINAR

La controversia no surge por expresar una posición política o cuestionar a una gestión.

El eje de la discusión está puesto en la gravedad de las afirmaciones realizadas y en la necesidad de respaldarlas con pruebas cuando involucran posibles delitos, corrupción, narcotráfico o manejo irregular de recursos públicos.

Por esa razón, el debate continúa abierto entre quienes entienden que se trata de expresiones amparadas por la libertad de opinión y quienes consideran que deben ser acompañadas por denuncias formales y elementos verificables.

La discusión continúa generando repercusiones en Cutral Co y promete seguir ocupando un lugar central en la agenda política local durante los próximos días.

FUENTE PRINCIPAL: Entrevista a César Omar Pérez en Border Sessions (Border Periodismo), emitida el 3 de junio de 2026.

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