ANDACOLLO, Neuquén – El futuro de la actividad minera en Andacollo, un pilar económico fundamental para el Norte Neuquino, se encuentra en un punto de inflexión. La mina de oro y plata de la localidad, que ha permanecido mayormente paralizada por años, es el centro de una compleja batalla judicial y contractual que el gobierno de Neuquén busca resolver para su definitiva reactivación.

Desde 2020, la empresa Trident Southern Explorations SRL, última concesionaria del yacimiento, ingresó en concurso de acreedores y abandonó la explotación, dejando a más de un centenar de trabajadores en una situación de incertidumbre. Actualmente, alrededor de 138 ex operarios continúan percibiendo una “asignación familiar de emergencia” por parte del Estado provincial, a la espera de una solución definitiva que les permita retomar sus fuentes de ingreso. La preocupación por el retorno a la actividad es palpable entre los mineros, quienes se han movilizado en varias ocasiones exigiendo una resolución.

La Corporación Minera del Neuquén (Cormine SEP), ente estatal propietario del yacimiento, ha sido la principal actora en la arena judicial. Su objetivo es claro: rescindir el contrato con Trident y liberar el proyecto para poder llamar a una nueva licitación internacional. Recientemente, el propio gobernador Rolando Figueroa ratificó la postura provincial, rechazando los “salvatajes judiciales” propuestos por otras firmas (como Eco Friendly SA) que, a juicio del ejecutivo, no garantizan la seriedad y solidez necesarias para la reactivación.

Según reportes de Diario Río Negro, el mandatario provincial ha expresado su intención de que “Cormine vuelva a tomar las riendas y que Cormine licite a todas las empresas que se quieran presentar, porque hay varios interesados”. Esta declaración abre una esperanza para la comunidad de Andacollo y la vasta región del Alto Neuquén, que anhela ver el yacimiento nuevamente en producción.

El proceso legal ha sido largo y tedioso, caracterizado por incumplimientos de la empresa y una compleja situación judicial que ha impedido hasta ahora una salida. El desafío para el gobierno provincial radica en agilizar estos tiempos judiciales y administrativos para atraer inversiones genuinas que pongan en valor la riqueza mineral de la zona y, fundamentalmente, generen los puestos de trabajo tan esperados por la comunidad minera de Andacollo y sus alrededores. La reactivación de la mina no solo significaría la recuperación de empleos, sino también un impulso económico vital para todo el Norte neuquino.