En la Argentina de 2025, la situación ha trascendido el debate ideológico y las reformas superficiales. Lo que se discute ahora es la supervivencia misma de la República. La crisis actual no es solo económica o institucional, sino estructural, carcomiendo los tres pilares fundamentales del país: el federalismo, la legitimidad representativa y la funcionalidad básica del Estado. Lejos de ser una disputa partidista, estamos frente a una ruptura profunda entre la Nación, las Provincias y los Municipios, sumado a una preocupante degradación de la investidura presidencial, convertida en un ejercicio de retórica ofensiva y decisiones tecnocráticas sin anclaje en la realidad.

Las Múltiples Caras de la Crisis El escenario se pinta con trazos duros y preocupantes, marcados por varios frentes que impactan directamente en el tejido social argentino:

• Endeudamiento sin Propósito Productivo: En sus primeros siete meses, la gestión ha acumulado más de US$ 25.000 millones en deuda, gran parte en bonos CER y títulos de corto y mediano plazo. Sin embargo, ni un solo dólar ingresó a la economía productiva. Esta deuda se utilizó para contener momentáneamente la brecha cambiaria y reestructurar pasivos, es decir, “deuda para pagar deuda”. El supuesto superávit fiscal del primer cuatrimestre de 2025 se logró ajustando brutalmente jubilaciones, eliminando subsidios y desmantelando transferencias a las provincias, lo que el análisis califica como un “espejismo contable” sin impacto real en la economía.

• Parálisis Económica y Recesión Autoinfligida: La política de “motosierra sin plan productivo” ha provocado una brutal caída de la actividad económica. La industria se desplomó más del 14% interanual a mayo de 2025, con sectores como el textil y la construcción en colapso. La construcción, en particular, perdió más de 120.000 puestos de trabajo formales en solo seis meses debido al congelamiento de la obra pública. Las ventas minoristas cayeron casi un 20% en términos reales desde enero, y el desempleo volvió a los dos dígitos, con aumentos notables en el conurbano y zonas industriales. Mientras tanto, no llegaron inversiones extranjeras significativas, y empresas transnacionales como Danone, BASF y Honda iniciaron planes de salida por la caída del consumo y la falta de horizonte de estabilidad.

• Destrucción del Estado y Abandono Social: Lo que comenzó como una política de “achicar el Estado” se transformó rápidamente en un vaciamiento institucional. Se cerraron delegaciones vitales de organismos como ANSES, INTA, INADI, INAES, PAMI y RENATRE en provincias. Se congeló la entrega de medicamentos oncológicos, se suspendieron programas de atención a discapacitados y la emergencia social fue ignorada sistemáticamente. En ciencia y tecnología, el CONICET sufrió un recorte del 70% de su presupuesto, con miles de becarios dados de baja y proyectos estratégicos paralizados. En Educación, la eliminación del FONID dejó a las provincias sin fondos para sostener salarios docentes y programas de inclusión, y la parálisis del financiamiento universitario llevó al cierre parcial de comedores y servicios esenciales. La lógica libertaria no distinguió entre gasto inútil y esencial, afectando incluso la asistencia a niños con discapacidad y la investigación científica fundamental.

• Deterioro Institucional y Retórica Agresiva: Lejos de moderarse con la responsabilidad de la investidura presidencial, el presidente Javier Milei convirtió sus intervenciones públicas en una constante humillación a gobernadores, legisladores, periodistas y diversos sectores sociales. Las redes oficiales operan como un “campo de batalla personalista” donde se descalifica a toda voz disidente. La estrategia de confrontación ha reemplazado a la política de Estado, con decisiones anunciadas por redes sociales, ministros actuando como voceros ideológicos, y la improvisación disfrazada de audacia. Las declaraciones presidenciales contra la justicia, la educación pública, los trabajadores del Estado y los medios no oficialistas han instalado un clima de intimidación incompatible con una democracia saludable. La frase “No me importa lo que digan, haré lo que se me cante” sintetiza una gestión donde el Estado “no gobierna: impone, aplasta, deslegitima. Y termina aislado”.

• El Estallido Federal y la Ruptura Institucional: Cuando el Senado votó a viva voz el aumento a los jubilados y aprobó por unanimidad la emergencia en discapacidad, no fue solo una “rebelión legislativa”, sino una respuesta del sistema federal a la disolución del pacto institucional. Los gobernadores, incluso aliados, se alejaron de un Ejecutivo que los asfixia, los insulta y los desfinancia. Los municipios quedaron huérfanos, sin obras ni transferencias, mientras enfrentan demandas sociales sin herramientas. El análisis subraya que Argentina no enfrenta una crisis fiscal, sino una de gobernabilidad republicana, donde la Nación “actúa como si pudiera funcionar sola, pero se derrumba si rompe con las provincias y los municipios”.

• Una “Bomba de Tiempo” Inflacionaria: Aunque el gobierno celebra el descenso de la inflación mensual —producto del freno absoluto de la actividad económica y la licuación del gasto social—, se acumulan tensiones explosivas bajo la superficie. El tipo de cambio oficial permanece artificialmente bajo, mientras el dólar paralelo volvió a tomar impulso, alimentando expectativas de devaluación inminente. La inflación núcleo sigue alta: entre 3,5% y 4,5% mensual a mitad de 2025, con productos sensibles como alimentos y medicamentos superando el 200% interanual. Las tarifas de luz, gas y transporte público ya comenzaron a ajustarse, y el descongelamiento total se espera para después de octubre, lo que podría duplicar el costo de vida de millones de hogares. El “éxito” antiinflacionario es visto como una “pausa agónica, sostenida por atraso cambiario, caída del consumo y represión de variables críticas”, con el riesgo de que la inflación “volverá con más fuerza si no hay plan económico consistente”.

• Abandono de Salud, Ciencia y Educación Superior: Sectores vitales para la vida y el desarrollo humano han sido atacados con virulencia. En salud pública, las consecuencias ya son visibles: faltan vacunas, insumos básicos y medicamentos oncológicos, y las provincias denuncian que Nación dejó de entregar partidas. Los hospitales públicos enfrentan desabastecimiento, renuncias masivas y deterioro edilicio. En ciencia, el CONICET perdió más del 70% de su presupuesto, miles de becarios fueron dados de baja y se suspendieron proyectos estratégicos en biotecnología, energía y vacunas. En educación superior, la decisión de congelar el presupuesto universitario a valores nominales de 2023 llevó a las universidades nacionales al borde del colapso, con dificultades para pagar servicios y salarios. Se suspendieron becas Progresar, comedores universitarios y servicios de salud. La inversión en infraestructura educativa se redujo a cero. El discurso presidencial criminalizó a la comunidad académica. La universidad pública argentina, “reconocida en toda América Latina, fue asfixiada con deliberación. Y con ella, se condenó al exilio a miles de jóvenes de sectores populares que vieron cortado su proyecto de movilidad social”.

Familias en situación de calle.

• Pobreza Infantil: El Rostro Cruel del Ajuste: El ajuste fiscal tuvo un rostro concreto: el de los niños en situación de pobreza. Según estimaciones, más del 60% de los menores de 14 años viven bajo la línea de pobreza en 2025. La eliminación o congelamiento de la AUH, la tarjeta Alimentar y otros programas de refuerzo alimentario profundizó la malnutrición y el abandono escolar. Los comedores comunitarios, única fuente de alimento diario para cientos de miles de chicos, no reciben asistencia desde febrero. “La pobreza infantil no es una externalidad del ajuste: es su consecuencia directa. No puede haber república con chicos que comen una vez por día y no van a la escuela”.

• Caos Energético, Transporte Desarticulado y Aislamiento Exterior: La desregulación del sistema eléctrico, sin un marco técnico ni una política energética integral, dejó tarifas impagables y provocó cortes. Obras estratégicas como el gasoducto Néstor Kirchner están paralizadas. El sistema de transporte público, especialmente en provincias, sufrió un deterioro drástico por la eliminación de subsidios, generando aumentos de tarifas de hasta 500% y el cierre de líneas ferroviarias regionales. En política exterior, Argentina abandonó la diplomacia estratégica para convertirse en una “plataforma ideológica y disruptiva”. Se rompieron puentes con Brasil, China y el Mercosur, se insultó a mandatarios y el retiro de foros como CELAC, UNASUR y BRICS dejó al país fuera de escenarios decisivos. La “obsesión con EE.UU. e Israel, sin reciprocidad clara”, llevó a una alineación desbalanceada y sin beneficios concretos. “Argentina pasó de ser un actor relevante en la región y en el G20 a un país errático, aislado y caricaturesco”.

• Vivienda y Seguridad: Falencias Cruciales: La política habitacional del Estado fue desmantelada, afectando a más de 90.000 familias con la paralización del ProCreAr y obras de viviendas sociales. La derogación del Decreto 690 liberalizó alquileres con aumentos de hasta 300%, forzando desalojos masivos. En seguridad, el debilitamiento estatal disolvió programas de prevención del delito y abrió paso al avance del narcotráfico. A un clima social crecientemente tenso con protestas y saqueos localizados, el gobierno responde solo con represión, sin atender las causas profundas.

Epílogo: La República en Riesgo El análisis concluye con una advertencia contundente: el “experimento Milei” puso en juego algo mucho más grave que una reelección o una ley: el contrato político que organiza la Nación. Al suprimir la política, dinamitar los vínculos federales y destruir capacidades estatales básicas, el gobierno “no redujo el Estado: redujo la Nación a una máquina de exclusión, deuda y resentimiento”. La narrativa heroica de la “libertad” se desmorona entre inflación reprimida, recesión, hambre y odio. El Congreso resiste, los gobernadores se reagrupan, y la sociedad comienza a reaccionar. Porque cuando se destruye la República, lo que se pierde no es solo el poder: se pierde el país mismo. Y la República no se destruye solo con golpes de Estado; también se disuelve cuando se destruyen las condiciones materiales, las reglas de convivencia y los canales de representación de su pueblo.

Esta nota fue elaborada a partir de un análisis sociológico de un profesional, contrastadas con datos económicos y sociales de organismos oficiales y privados. AiresNuevosNQN se ampara en la Constitución Nacional, la Ley 26.032 y tratados internacionales que garantizan la libertad de prensa y el derecho a informar sobre asuntos de interés público.