Neuquén Capital, 21 de julio. — Este lunes 21 de julio, a las 8:30, dio inicio en la Ciudad Judicial de Neuquén uno de los juicios más esperados y polémicos de los últimos años. Se trata de la “megacausa” de los planes sociales, que investiga 9303 fraudes cometidos entre 2020 y 2022 durante la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez. El monto del fraude, que originalmente superó los $153 millones a valores históricos, se actualizó en septiembre de 2024 por encima de los mil millones de pesos.

Las penas que podrían recibir los principales acusados oscilan entre 6 y 8 años de prisión efectiva. Además, la Fiscalía de Estado ha iniciado una demanda civil para recuperar el dinero sustraído, con embargos y futuros remates de bienes en juego.

La causa ha generado un profundo revuelo en la política neuquina. De hecho, ya cuenta con 9 condenados que aceptaron su culpabilidad y recibieron penas en suspenso, y hay 4 arrepentidos que se han convertido en testigos clave para la fiscalía.

La Trama del Fraude y los Imputados Clave

La investigación ha desentrañado una compleja maniobra fraudulenta. Cientos de beneficiarios de planes sociales recibían una tarjeta de débito del Banco Provincia de Neuquén, pero solo se les entregaba una mínima parte del dinero depositado (entre 5.000 y 9.000 pesos) de los $49.500 que correspondían. El resto del dinero era desviado a una “caja azul” que, según los testimonios, operaba desde la dirección de Planes Sociales, bajo la responsabilidad del imputado Ricardo Soiza, señalado como uno de los cabecillas de la asociación ilícita. Esta modalidad se intensificó a partir de marzo de 2020, cuando el pago con cheques se reemplazó por la bancarización de los beneficiarios debido a la pandemia.

Son 14 los imputados que enfrentan el juicio, acusados de asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso indebido de tarjetas de débito. Entre ellos se encuentran desde un exministro hasta punteros políticos. La fiscalía ha logrado identificar una estructura organizada con distintos roles, incluyendo colaboradores, reclutadores, recaudadores y extractores. Funcionarios como Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Ariel Osuna llegaron a estar con prisión preventiva o domiciliaria en el marco de la investigación.

El juicio se desarrollará hasta el 12 de septiembre, con audiencias todos los días hábiles en la sala 12 de la Ciudad Judicial, que ha sido acondicionada especialmente. Se prevé la declaración de 211 testigos, una cifra récord para un proceso provincial. La sentencia de esta causa, que destapa una red de corrupción, se espera para la época de las elecciones de diputados y senadores nacionales, añadiendo una dimensión política crucial al desarrollo judicial.

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