Neuquén, 6 de agosto de 2025 - Por Redacción AiresNuevosNQN
En el marco de la discusión sobre las políticas económicas para enfrentar la crisis de deuda y los desequilibrios macroeconómicos, se ha abierto un intenso debate en torno a una propuesta para modificar la Ley de Arrendamientos Rurales. Uno de los principales promotores de esta iniciativa es el licenciado en economía Guillermo Moreno, quien ha escrito un libro donde desarrolla estas y otras propuestas, y plantea la necesidad de establecer “límites estrictos” a lo que se puede cobrar por el alquiler de las tierras.
La Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales en Argentina (Ley N° 13.246) regula los contratos de arrendamiento y aparcería de predios rurales con fines agropecuarios. Su objetivo principal es establecer un marco legal para estas relaciones contractuales, protegiendo tanto a arrendadores como a arrendatarios y promoviendo la actividad agropecuaria. Sin embargo, en la práctica, la ley establece una división de hasta el 50% de la producción para el terrateniente (quien alquila la tierra) y el 50% para el productor. Los promotores de la reforma describen este esquema como “feudal” y argumentan que es obsoleto.
La propuesta no se presenta como una medida aislada, sino como parte de un conjunto de acciones que sus promotores denominan “Magno Acuerdo Social”, un pacto entre el capital y el trabajo con el objetivo de aumentar la producción y lograr una distribución más equitativa del ingreso. La modificación de la ley es vista como un paso fundamental para posibilitar otras medidas complementarias. Moreno y sus allegados sostienen que la imposición de límites a los alquileres rurales permitiría, por ejemplo, aumentar los Derechos de Exportación (DE) a la producción primaria en la Zona Núcleo de la Pampa Húmeda, sin que esto afecte negativamente la rentabilidad de los productores. De esta manera, se buscaría que la mayor recaudación fiscal, generada por el auspicioso proceso reactivador, se traduzca en una mejora en el poder adquisitivo de los ingresos populares.
La reforma de la Ley de Arrendamientos Rurales se inscribe en una estrategia más amplia que, según los dirigentes que la promueven, incluye otras propuestas significativas como: la reducción de la Administración Pública Nacional a solo ocho Ministerios; la suscripción de un nuevo Pacto Fiscal para consolidar y equilibrar las distintas regiones productivas del país; y, en lo que respecta al Banco Central de la República Argentina (BCRA), se propone “…establecer los mecanismos ad hoc que permitan cancelar la deuda de cortísimo plazo (Letras, Pases, etc.) tomada por el BCRA para esterilizar la emisión monetaria…”.
La propuesta de imponer límites a los alquileres de tierras ha generado un amplio debate en el sector agropecuario y entre distintos actores políticos y económicos. Los defensores de la medida argumentan que es necesaria para estabilizar la economía y asegurar una distribución justa de la riqueza generada por el campo, mientras que los opositores podrían señalar que interfiere con la libre negociación y podría afectar la inversión en el sector. Esta noticia destaca la Ley de Arrendamientos Rurales como un punto central del plan económico propuesto, un tema que sin duda continuará siendo de análisis y discusión en la agenda nacional.
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Este artículo fue elaborado a partir del debate público en torno a la propuesta de modificación de la Ley de Arrendamientos Rurales y de investigaciones periodísticas sobre los autores y el contenido de dicha iniciativa. AiresNuevosNQN se ampara en la Constitución Nacional, la Ley 26.032 y tratados internacionales que garantizan la libertad de prensa y el derecho a informar y opinar sobre asuntos de interés público.
