JUSTICIA / LIBERTAD DE PRENSA.

Polémico fallo restringe la libertad de prensa: prohíben audios de Karina Milei y allanan domicilios de periodistas.

Un mazo de juez sobre un escritorio, con un micrófono tachado con una barra de censura, simbolizando la orden judicial. La orden judicial que prohíbe la difusión de los audios de Karina Milei ha sido calificada como un grave acto de censura.

Un reciente fallo judicial prohíbe a medios y redes sociales difundir audios de la hermana del presidente y genera un intenso debate sobre la libertad de expresión en el país.

BUENOS AIRES, 2 de septiembre de 2025 — Un reciente fallo judicial ha generado un intenso debate en Argentina sobre los límites a la libertad de prensa. La decisión, emitida por el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, prohíbe a los medios de comunicación y a las redes sociales difundir grabaciones de audio de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei. La medida judicial va un paso más allá al autorizar allanamientos en los domicilios de periodistas y otras personas que presuntamente hayan compartido estos audios.

La resolución judicial se fundamenta en el argumento de que el derecho a la libertad de expresión debe ceder ante las “graves repercusiones” que la divulgación de las grabaciones podría causar.

El fallo ha provocado fuertes críticas de diversos sectores, incluyendo periodistas, abogados y la opinión pública, quienes lo consideran un acto de censura “absolutamente ilegal” y un grave precedente para el ejercicio del periodismo en el país. La orden judicial menciona directamente a periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico, así como al abogado Franco Bindi y al empresario Pablo Toviggino, como personas a las que se les podría aplicar la medida.

Adicionalmente, se ha confirmado que el Gobierno ha solicitado que los periodistas citados entreguen las fuentes que habrían filtrado los audios.

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Esta nota fue elaborada a partir de información pública de distintos medios de comunicación sobre el tema. AIRESNUEVOSNQN se ampara en la Constitución Nacional, la Ley 26.032 y tratados internacionales que garantizan la libertad de prensa y el derecho a informar sobre asuntos de interés público.

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