NEUQUÉN, 23 de septiembre de 2025. – El veredicto en el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén ha marcado un punto de inflexión en la historia judicial de la provincia. Un exministro y once funcionarios fueron condenados por corrupción, sentando un precedente claro y contundente: la impunidad no es invencible. El fallo del tribunal encontró a los acusados culpables de una compleja trama para desviar fondos del Estado, dinero que debía estar destinado a ayudar a las personas más vulnerables.

Este caso no solo destapó un esquema de robo sistemático, sino que también demostró que es posible llevar a juicio y condenar a quienes ocupan cargos de poder y utilizan su posición para fines ilícitos.

La trama de corrupción: Cómo operaban

El esquema de fraude, que funcionó en el Ministerio de Desarrollo Social, se basó en el uso de personas en situación de vulnerabilidad. Los condenados las manipularon y utilizaron sus datos para crear un sistema de desvío de dinero público. La fiscalía, que dividió la investigación en dos grupos principales, logró demostrar la responsabilidad de cada uno:

• El “Grupo Rivadavia”: Este grupo, centrado en la Dirección de Planes Sociales, incluía a exdirectores y exjefes como Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Osuna. Estos últimos admitieron su participación, lo que fue crucial para la causa.
• El “Grupo Anaya”: Compuesto por exjefes del Ministerio, entre ellos el exministro Abel Di Luca. Este grupo se consideró el escalafón superior de la organización delictiva, orquestando el fraude desde lo más alto.

El fallo de los jueces fue contundente y se apoyó en un proceso que respetó todas las garantías constitucionales.

Un nuevo muro contra la impunidad

Este fallo es una victoria para la justicia y un mensaje claro para la sociedad neuquina y argentina. Demuestra que, cuando fiscales y jueces cumplen con su deber y se ajustan a derecho, el sistema judicial puede funcionar de manera efectiva, lejos de las parcialidades políticas o la influencia del poder.

El veredicto de este caso, sumado al del juicio de Aguada San Roque, fortalece la confianza en las instituciones y prueba que la rendición de cuentas para los funcionarios públicos no es una utopía. En resumen, la sentencia del caso de los planes sociales en Neuquén es más que una simple condena: es un hito que demuestra que la corrupción puede ser combatida y que, con un poder judicial independiente, la justicia es alcanzable.

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Esta nota fue elaborada a partir de información pública de fuentes judiciales y periodísticas sobre el fallo del caso. AiresNuevosNQN se ampara en la Constitución Nacional, la Ley 26.032 y tratados internacionales que garantizan la libertad de prensa y el derecho a informar sobre asuntos de interés público.