ALUMINÉ, 23 de septiembre de 2025 — Lo que comenzó como un reclamo pacífico por un techo digno en Aluminé ha evolucionado a una compleja batalla legal y social que visibiliza el profundo drama de las familias sin hogar. Tras 115 días de resistencia, los ocupantes del asentamiento “31 de mayo” celebran la victoria legal que los exime de una acusación por usurpación, mientras informes médicos revelan el grave impacto psicológico que el hostigamiento y la incertidumbre han causado en la comunidad.
Respaldo judicial a un reclamo social
La lucha de los vecinos recibió un respaldo crucial en el ámbito judicial. La jueza Leticia Lorenzo dictaminó no tener por formulados los cargos de usurpación que el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella, en representación de la Municipalidad, habían presentado contra los ocupantes. El fallo judicial, que se basó en el argumento de la defensa, señaló que el terreno en disputa carecía de mejoras o cerramientos, y que la ocupación fue un acto “público, notorio y pacífico”, no clandestino. Esta decisión dejó a las familias sin imputación penal, reforzando la naturaleza social y no delictiva de su reclamo.
Hostigamiento y secuelas emocionales
Paralelamente al proceso judicial, informes del Hospital de Aluminé, firmados el 29 de agosto de 2025, revelaron la otra cara del conflicto: el costo humano. Los documentos, que formaron parte de la causa, describen un estado de extrema vulnerabilidad y hostigamiento que ha afectado la salud mental de los ocupantes. En su reporte, el personal de salud relató que las fuerzas de seguridad establecieron un “acordonamiento policial” que impidió el ingreso de alimentos, leña y agua potable, dejando a las familias en condiciones de aislamiento.
Además, el informe documenta la intimidación directa sufrida por las personas del asentamiento. Un testimonio recogido por los especialistas de salud señala que un grupo táctico de la policía, el GEOP, apuntó con linternas a las casillas de nylon durante la noche, en lo que se describió como un acto de “vigilancia excesiva” que provocó estrés, hipervigilancia y trastornos del sueño. Los estudios psicológicos concluyen que las personas atraviesan por una situación de estrés crónico, ansiedad y angustia subjetiva, y se sienten abandonadas y “olvidadas” por las instituciones.
Un reclamo con historia y un grito de auxilio
El vocero del asentamiento ha sostenido desde el inicio del conflicto que el terreno fue cedido a la Municipalidad hace 40 años por la comunidad Mapuche Epewen, con el fin de ser destinado a la construcción de viviendas. Con esta información, los vecinos han propuesto la declaración de emergencia habitacional y la creación de una cooperativa para autoconstruir sus casas.
Las familias del asentamiento, que inicialmente contaban con 80 personas y ahora se mantienen con un grupo de 50, han responsabilizado directamente al intendente de Aluminé, Diego Victoria, por cualquier daño que pudiera ocurrirles. Asimismo, han presentado denuncias penales por “abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos”, insistiendo en que su lucha no es una toma ilegal, sino una búsqueda desesperada de una solución humanitaria a una problemática que afecta a más de 450 familias en la localidad.
Con el fallo judicial a su favor y el sustento de los informes de salud, la lucha del asentamiento “31 de mayo” se consolida como un caso emblemático de la crisis habitacional en la región, exigiendo que la solución no se limite al ámbito legal, sino que aborde el profundo problema social que la origina.
-—————————————————————————————————————————————–
Esta nota fue elaborada a partir de información brindada por fuentes judiciales y de salud sobre el caso. AiresNuevosNQN se ampara en la Constitución Nacional, la Ley 26.032 y tratados internacionales que garantizan la libertad de prensa y el derecho a informar sobre asuntos de interés público.
