La violencia escolar no siempre grita. A veces duele en silencio: en el banco vacío, en el mensaje que no llega, en la mirada baja de un chico que ya no quiere ir a la escuela. Frente a ese sufrimiento cotidiano, el Estado neuquino debate una propuesta que busca dar una señal clara: nadie puede mirar hacia otro lado.

El diputado Carlos Coggiola (Neuquén Federal) presentó un proyecto para incorporar al Código de Faltas provincial un nuevo artículo que permita sancionar a los padres, tutores o responsables que, habiendo sido notificados de una situación de acoso escolar, no actúen con la debida diligencia para detenerla.

Las sanciones previstas van desde una multa económica de 5 a 30 JUS, hasta la obligación de asistir a talleres formativos sobre derechos de la infancia, convivencia y responsabilidad parental. El Juez de Paz, autoridad natural en materia contravencional, podrá incluso reemplazar la multa por tareas comunitarias.

El espíritu del proyecto no es castigar, sino prevenir y reparar. No se criminaliza a niños ni adolescentes, sino que se llama a los adultos a hacerse cargo del rol que les corresponde. La medida solo se aplicará si se demuestra negligencia grave o inacción injustificada, y siempre con la intervención previa de la escuela y de los equipos interdisciplinarios.

Un vínculo con la Ley 3522: responsabilidad educativa ampliada

La propuesta cobra especial sentido si se la vincula con la Ley 3522 de Neuquén, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el ámbito laboral educativo, y que promueve una comisión interinstitucional de prevención de conflictos escolares. En el sistema educativo, tanto los docentes como la comunidad escolar tienen un deber activo frente a la violencia.

Mientras la Ley 3522 fortalece la protección de los trabajadores de la educación frente a agresiones, este nuevo proyecto amplía la mirada hacia el entorno familiar. Así como la provincia ha legislado para que los docentes no sean víctimas impunes, ahora se propone que las familias no permanezcan pasivas ante el acoso escolar. En otras palabras, lo que la Ley 3522 garantiza en el ámbito laboral docente, esta norma pretende asegurar en el ámbito emocional y educativo de los niños. Se articula así una política integral donde la escuela, el sistema judicial y la familia operan como un mismo colectivo protector, con deberes y responsabilidades compartidas.

Cuando decir “no” también es amar

Muchos padres creen que amar es consentir, pero a veces decir “no” a tiempo también es un acto de amor. Los pequeños gestos, las conversaciones cotidianas, la escucha atenta, son frutos de un amor incondicional que acompañará la formación cívica y emocional de nuestros hijos para toda la vida. La vida no es fácil, pero es hermosa de vivirla, y el tránsito de nuestros hijos por la escuela debería darse en un entorno de afecto, respeto y contención.

Sin embargo, entre la ilusión y la realidad se interponen muchos “ruidos”: vulnerabilidades sociales, culturales, afectivas, económicas y un estado general de ira social que atraviesa a las familias. Vemos a diario niños y adolescentes ausentes de los diálogos familiares y presentes en un mundo 2.0, inmersos en pantallas que reemplazan abrazos, donde las máquinas lo saben todo… menos amar. Cuando se terminan las palabras, aparece la violencia. Y muchas veces esos gestos violentos nacen de la falta de empatía y de reconocimiento del dolor ajeno. El amor se aprende en los entornos seguros, en los hogares posibles, donde los niños crecen con las herramientas que sus padres tienen y pueden ofrecer.

Y lo dice alguien que no solo es funcionaria pública, sino madre de un adolescente con discapacidad, que ha vivido de cerca el bullying, el acoso y sus múltiples formas. Por eso, sé —como tantas otras madres y padres— que detrás de cada historia de violencia hay una historia de silencio, y detrás de cada silencio hay un niño esperando que un adulto le enseñe a mirar, a respetar y a cuidar.

Más que una ley, un llamado colectivo

El acoso escolar no es un conflicto entre chicos: es un espejo de la sociedad que somos. Por eso, este proyecto debe entenderse no como una amenaza, sino como una oportunidad de reconstruir los vínculos desde el amor y la responsabilidad. La escuela enseña, la familia acompaña y el Estado garantiza. Cuando uno de esos pilares falla, los demás deben intervenir, no castigar. Prevenir la violencia es mucho más que sancionarla: es decidir, como sociedad, que ningún chico vuelva a sentirse solo en la escuela.

Tal vez no sea la solución perfecta, pero es un paso. Y a veces, dar un paso —aunque sea pequeño— también es elegir no quedarse callado.

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La columna de opinión refleja la visión personal y legal de su autora, Claudia Silvina Vega, Jueza de Paz de Cutral Co. AiresNuevosNQN se ampara en la Constitución Nacional, la Ley 26.032 y tratados internacionales que garantizan la libertad de prensa y el derecho a informar sobre asuntos de interés público.