BUENOS AIRES, 30 de abril de 2026. — La diputada nacional Marcela Marina Pagano presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la que solicita investigar presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y encubrimiento.
La presentación, radicada ante la justicia federal, también incluye al empresario Álvaro Castro Burgueño y a quienes resulten responsables, en el marco de una investigación vinculada a un inmueble ubicado en la localidad de Martínez, partido de San Isidro.
Según consta en el escrito, la propiedad —ubicada en la calle Vieytes 1287— tendría un valor de mercado cercano a los dos millones de dólares y presenta interrogantes en relación con su titularidad y el origen de los fondos utilizados para su adquisición.
EL EJE DE LA DENUNCIA
El documento sostiene que el inmueble figura a nombre de un empresario del sector cripto, pero plantea la hipótesis de que podría existir una interposición de terceros para ocultar al verdadero beneficiario.
Uno de los elementos señalados es la presencia de custodia de la Policía Federal en el domicilio, una medida que —según la denuncia— solo se dispone para funcionarios públicos o personas bajo condiciones específicas de seguridad.
Además, se menciona la coincidencia temporal entre la adquisición del inmueble y el lanzamiento de la criptomoneda “Libra”, actualmente bajo investigación por presunta defraudación.
VÍNCULOS Y CONTEXTO
La presentación también hace referencia a la participación de Adorni en eventos vinculados al ecosistema cripto y a su relación con actores del sector.
En ese marco, se plantea que la operación inmobiliaria podría estar vinculada a circuitos financieros cuya trazabilidad deberá ser determinada por la justicia.
QUÉ SE INVESTIGA
Entre las medidas solicitadas, se incluyen:
- Informes sobre la titularidad del inmueble.
- Registros de custodia policial.
- Declaraciones patrimoniales.
- Movimientos financieros.
- Vínculos societarios.
La denuncia también pide evaluar la posible conexión con otras causas en trámite.
IMPACTO
El caso abre un nuevo frente judicial en torno a la situación del funcionario y suma un elemento adicional en el contexto de investigaciones vinculadas al entorno del sector cripto.
Por el momento, la denuncia se encuentra en etapa inicial y será la justicia la encargada de determinar si existen elementos suficientes para avanzar en la causa.
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