La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), un organismo con casi un siglo de existencia y encargado de la infraestructura vial federal, fue objeto de una drástica decisión por parte del gobierno de Javier Milei: su disolución. La medida, que llegó “al filo del vencimiento de las facultades delegadas” del Ejecutivo, provocó de inmediato un escenario de fuerte incertidumbre. Esta situación se agudizó cuando, en la jornada de ayer (18 de julio de 2025), la Justicia suspendió la resolución gubernamental, dejando el futuro del organismo en un limbo.
Desde el Poder Ejecutivo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado el cierre de la DNV y una posterior reestructuración. El principal argumento esgrimido por el gobierno se centró en un supuesto “sobredimensionamiento administrativo” del ente: se indicó que el 67% de los agentes de la DNV en las provincias cumplen funciones administrativas, técnicas o jerárquicas, y solo el 33% realiza tareas operativas en territorio. Coincidentemente, ese mismo día, el Gobierno anunció un llamado a licitación para 9.120 kilómetros de rutas.
Sin embargo, la decisión encontró un fuerte rechazo en diversos sectores. Desde el ámbito empresarial, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), advirtió que la obra pública “entró a un nuevo mundo desconocido” y manifestó la falta de claridad sobre los próximos pasos a seguir y cómo se implementaría la medida. Por su parte, el sector gremial, representado por la CGT, fue contundente: afirmó que el cierre representa un “abandono del rol del Estado en la infraestructura estratégica” y un “ataque directo al modelo de país federal”. Los gremialistas alertaron que esta medida transformará las rutas argentinas en un espacio donde, tarde o temprano, “el abandono derivará en más accidentes y peligro para las millones de personas que las transitan día a día”.
Resulta un matiz interesante que, incluso bajo el mandato de “obra pública cero” promovido por la administración Milei, el gobierno estuvo llevando adelante trabajos considerados “más que necesarios” en las rutas nacionales, promocionando incluso estas acciones a través del portal oficial. Un ejemplo concreto de esta actividad se registró en septiembre de 2024, cuando la propia Vialidad Nacional informó sobre trabajos de mejora en la Ruta Nacional 12, destacando que “estas mejoras optimizarán las condiciones de seguridad vial y fortalecerán la conectividad entre las localidades de la región”, con un impacto positivo proyectado en la economía local y el desarrollo de actividades turísticas, educativas y culturales.
La actual situación abre una serie de interrogantes cruciales sobre el despliegue y mantenimiento de la infraestructura vial en Argentina. La incertidumbre se refleja en frases como el título “Vialidad Nacional: adonde vamos no necesitamos caminos”, que encapsula la preocupación generalizada sobre el futuro de las rutas y la conectividad esencial para el país.
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