14 de agosto de 2025 – El juicio por el intento de magnicidio contra la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ingresó en una fase decisiva. En su alegato final, los abogados querellantes, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, solicitaron 15 años de prisión para los acusados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, a quienes consideraron “coautores funcionales” de la tentativa de homicidio doblemente agravado. Sin embargo, en un giro inesperado, los letrados pidieron la absolución de Gabriel Carrizo, al no encontrar pruebas suficientes para sostener una acusación en su contra.

Graves acusaciones contra la investigación judicial

El alegato de la querella fue más allá de la culpabilidad de los autores materiales y apuntó directamente a la conducción de la causa por parte de la jueza María Eugenia Capuchetti. El abogado Marcos Aldazabal fue enfático en su crítica: “La jueza (María Eugenia) Capuchetti hizo todo lo posible para que no supiésemos nada más. A lo largo de todos estos años obstruyó todas las líneas de investigación posibles, encubrió a todos los sospechosos posibles y revictimizó a Cristina Fernández de Kirchner cada vez que pudo”.

Entre las irregularidades detalladas se mencionaron la manipulación indebida del celular de Sabag Montiel, que llevó a la pérdida de información crucial, la exclusión de datos clave relacionados con la agrupación Revolución Federal y el influencer “El Presto”, y la falta de investigación sobre la desaparición de los teléfonos de las secretarias del diputado Gerardo Milman. La querella sostiene que estas omisiones impidieron avanzar en la identificación de los posibles autores intelectuales del ataque.

“La violencia retórica conlleva a la violencia material”

El abogado José Manuel Ubeira se centró en el contexto político y social del atentado. Argumentó que el intento de magnicidio no fue un acto aislado de dos personas, sino el resultado de un “contexto de odio creciente” fomentado por un sector de los medios de comunicación, dirigentes políticos y parte del Poder Judicial. “La violencia retórica en el marco de la violencia política conlleva naturalmente a la violencia material”, sentenció Ubeira, trazando un vínculo directo entre los discursos de odio y el ataque armado. La deshumanización de la figura de la exmandataria, ejemplificada en expresiones como “son ellos o nosotros”, fue señalada como la semilla de la violencia.

La coautoría del plan y las pruebas clave

La querella sostuvo que Uliarte y Sabag Montiel actuaron bajo una “coautoría funcional”. En esta teoría, Uliarte fue la “organizadora” y “planificadora” del crimen, con chats que demuestran su intención de matar a CFK meses antes del atentado, mientras que Sabag Montiel fue el “ejecutor”. Las pruebas presentadas incluyeron peritajes que demostraron que el arma, una Bersa calibre 32, estaba en perfectas condiciones y no falló por un desperfecto mecánico, sino por un error de manipulación. Los peritajes psicológicos, además, determinaron que ambos acusados no padecían alteraciones mentales, lo que refuerza la tesis de la intencionalidad del ataque.

El alegato de la querella no solo persigue una condena para los acusados, sino que también busca arrojar luz sobre las zonas grises del caso y las posibles complicidades que la investigación judicial no abordó. La acusación directa contra la jueza Capuchetti y la denuncia de un “contexto de odio” como catalizador del atentado elevan el juicio a una dimensión que va más allá de lo penal, tocando el corazón de la salud institucional del país. La relevancia del caso, como señaló Aldazabal, es crucial para la democracia, ya que “no saber qué pasó en un atentado de estas características” deja profundos interrogantes sobre la convivencia social y el futuro de la política argentina.

-———————————————————————————————————————————–

Esta nota fue elaborada a partir de información pública obtenida de distintos medios periodísticos nacionales que redactaron sobre el caso. AiresNuevosNQN se ampara en la Constitución Nacional, la Ley 26.032 y tratados internacionales que garantizan la libertad de prensa y el derecho a informar sobre asuntos de interés público.