BUENOS AIRES, 1 de septiembre de 2025 — A tres años del intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el proceso judicial que persigue a los responsables directos se encamina a su etapa final. Sin embargo, persisten serias deficiencias en la investigación de las posibles conexiones intelectuales y el financiamiento detrás del ataque.
En AiresNuevosNQN, analizamos el atentado y su estrecha relación con la situación judicial de Cristina Kirchner. La confirmación de la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua por la causa “Vialidad” —avalada por la Corte Suprema— se concretó meses después del intento de asesinato. Sostenemos que ambos eventos buscan un mismo objetivo: “despojarla de sus derechos políticos y borrarla de la escena pública”.
El juicio oral que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal 6 se enfoca únicamente en los autores materiales, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, sin haber profundizado en las posibles conexiones que podrían explicar la motivación y el apoyo económico detrás del hecho.
En ese sentido, se han denunciado una serie de anomalías en la etapa de instrucción, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. Entre las irregularidades más notables, se menciona el manejo del celular de Sabag Montiel, el cual terminó reseteado de fábrica, perdiéndose así información clave para la causa.
Además, la investigación sobre la llamada “pista Milman” no ha avanzado de manera significativa. Un testigo declaró haber escuchado al diputado Gerardo Milman decir “cuando la maten yo estoy camino a la costa”, pero la pesquisa no progresó, ya que el celular peritado al legislador era de un modelo posterior a la fecha del atentado.
Por su parte, la fiscal Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, argumentó en su alegato que al ataque se le debería aplicar el agravante por violencia de género, al considerarlo una “tentativa de femicidio” en un contexto de desprecio patriarcal hacia la mujer en el poder. La fiscalía ha pedido 15 años de prisión para Sabag Montiel (con una unificación de condenas que lo llevaría a 19 años) y 14 años para Brenda Uliarte, mientras que la querella de CFK ha solicitado 15 años para ambos. El tercer acusado, Nicolás Carrizo, fue absuelto por la fiscalía y quedó en libertad.
El contexto de violencia verbal y el “discurso de odio” en las redes sociales y la dirigencia política, en particular de sectores de ultraderecha, sirvieron de caldo de cultivo para la agresión, haciendo que los atacantes se sintieran “invitados a matar” a la expresidenta.
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Esta nota fue elaborada a partir de un análisis periodístico de distintos medios de comunicación sobre el tema. AIRESNUEVOSNQN se ampara en la Constitución Nacional, la Ley 26.032 y tratados internacionales que garantizan la libertad de prensa y el derecho a informar sobre asuntos de interés público.
